La responsabilidad del Estado por daños que, con motivo de su actividad cause en los bienes o derechos de los particulares, es directa y los particulares tendrán derecho a una indemnización. Ese es el caso de los accidentes que se produzcan por deficiencias en las calles y aceras.

Los funcionarios públicos pueden con sus actos u omsiones causar daños y perjuicios a los particulares, que tienen el derecho de exigir al Estado que se les cubra la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que han sufrido.

Podríamos estar en presencia de daños causados por la impericia (no tener las capacidades o conocimientos), negligencia (no actuar con la prudencia requerida) o dolo (la intención de causar una daño) del funcionario o empleado publico, que viola las normas legales.

Tal es el caso de permisos no otorgados o mal otorgados o cuando se produce un accidente por falta de actividad o por una omisión de las autoridades administrativas, tales como no reparación de puentes, caminos, colocación de señales preventivas, etc.
Si usted ha sufrido algún daño puede coordinar una cita con nuestros abogados por medio de los teléfonos 2710-2893 o 2710-5600.